Derechos de los padres en casos de menores de edad

La ley no sólo le otorga una protección especial a los menores de edad que son procesados en el tribunal de menores, sino que también le concede derechos a sus padres o tutores legales, ya que éstos son sus principales responsables. En algunas ocasiones, los jóvenes se enfrentan a violaciones de sus derechos debido a que desconocen el sistema jurídico, por lo que además de contar con un abogado defensor, necesitan el apoyo y la presencia de sus padres en cada audiencia del procedimiento judicial. Además, es importante que los padres sepan cuáles son sus derechos en el proceso para que puedan tomar las decisiones más adecuadas para que el menor resulte lo menos perjudicado posible al culminar el juicio.

Si usted o uno de sus familiares es un menor de edad que ha sido acusado de cometer un delito es fundamental que reciba la asesoría de un abogado criminalista de la firma de abogados San Diego Criminal Attorney, ubicada en San Diego, California. Nuestros abogados cuentan con una extensa experiencia en el ejercicio profesional y se asegurarán de implementar una defensa adecuada para que no tenga que preocuparse por las consecuencias negativas que puedan derivarse de estos hechos.

¿Cuándo es acusado un joven en el tribunal de menores?

Para comprender los derechos de los padres en el proceso, debe tener en cuenta ciertos aspectos del tribunal de menores. En este sentido, comienza con el arresto del menor efectuado por los funcionarios policiales que cuentan con una causa probable, es decir, un motivo razonable de que el menor ha estado involucrado en conductas delictivas. Posteriormente, la policía puede permitir que vuelva a su hogar, concediéndole una citación para que comparezca ante el tribunal en una fecha determinada, en la que se celebrará la primera audiencia.

En otras ocasiones lo trasladan al correccional de menores, en donde el oficial de libertad condicional puede permitirle regresar a su hogar y asignarle un programa comunitario que debe completar para que no se le imputen cargos. En otros casos, se le permite regresar a su hogar con el deber de comparecer ante el tribunal para la primera audiencia del proceso, o se decide mantenerlo en este lugar hasta la primera audiencia. Luego, el fiscal presenta una petición, que es un documento en donde se especifican los delitos de los que se le acusa de cometer, con lo cual comienza formalmente el proceso judicial.

Con respecto a la jurisdicción de este tribunal, se encarga del procesamiento de los menores de entre 12 y 17 años que sean sospechosos de cometer un delito contemplado en la legislación. Aunque también puede enjuiciar a los menores de 12 únicamente cuando son acusados de ciertos delitos, los cuales incluyen asesinato, sodomía, violación, penetración sexual forzada o copulación oral forzada.

En el tribunal de menores existe un juez en vez de un jurado, un fiscal que debe demostrar todos los elementos de delito por encima de cualquier duda razonable, y el abogado del menor que lo defenderá de las acusaciones en su contra y velará por sus intereses en el proceso.

Asimismo, el propósito de este tribunal es lograr la rehabilitación del menor en vez de sancionarlo. Sin embargo, esto no significa que su conducta quedará impune, ya que existen diversas medidas que puede imponer el juez para disciplinarlo. Entre ellas se encuentran las siguientes:

• Libertad condicional informal.

• Libertad condicional formal en el hogar.

• Libertad condicional formal en un campamento de libertad condicional.

• La División de Justicia Juvenil.

Entre estas, la menos severa es la libertad condicional informal, que se impone cuando el menor enfrenta cargos por un delito menor. En esta, se le permite cumplir con una serie de condiciones durante un periodo de 6 meses, las cuales incluyen someterse a una terapia psicológica, asistir a la escuela, respetar un toque de queda y pagar una reparación a la víctima. Si lo logra de manera satisfactoria, entonces la petición será desestimada. Cabe resaltar que para que se le permita realizarla, no debe admitir las acusaciones de la petición.

Por su parte, la libertad condicional formal en el hogar implica condiciones similares a las anteriores pero el juez le asignará un oficial de libertad condicional para que vigile el cumplimiento de las condiciones que le han sido impuestas.

Por su parte, el campamento de libertad condicional suele tener una duración de entre 3 a 9 meses en los que podrá recibir educación, atención médica, terapia psicológica, capacitación vocacional, e incluso podrá realizar labores remuneradas y sus familiares podrán visitarlo.

En los casos más graves, el juez puede ordenar el confinamiento del menor en la División de Justicia Juvenil, la cual es la sanción más severa que contempla el tribunal de menores, pero sólo se dicta en un porcentaje mínimo de casos. Asimismo, la ley faculta su imposición cuando el menor ha sido declarado un pupilo del tribunal y se determina que ha cometido un delito incluido en el artículo 707(b) WIC, o cualquier delito que imponga la obligación de registrarse como un delincuente sexual, según el artículo 290.008 (c) PC. En esta deberá completar un programa que se adapte a sus necesidades educacionales y a los hechos específicos del caso.

¿En qué consisten los derechos de los padres en el tribunal de menores?

Los derechos que la ley concede a los padres de menores que están siendo juzgados en el tribunal de menores son los siguientes:

1. El derecho a ser notificado del arresto. Cuando el menor es detenido y llevado al correccional de menores, se debe emitir una notificación a los padres o al tutor legal del menor de edad con el propósito de concederles la oportunidad de obtener asistencia y representación legal para el joven lo más pronto posible.

Asimismo, suele surgir la duda de si los padres tienen el derecho a presenciar el interrogatorio que los funcionarios policiales le realizan al menor. Al respecto debemos aclarar que la ley no lo contempla. Sin embargo, el menor de edad tiene el derecho de pedir que uno de sus padres esté presente en el interrogatorio, lo cual será concedido en base a las circunstancias que rodearon su arresto y el delito que se sospecha que ha cometido.

Aunque este derecho no esté garantizado, se aconseja a los padres informar a sus hijos sobre la importancia de ejercer su derecho a permanecer callados en el interrogatorio hasta que sean asistidos por un abogado defensor, para que no otorguen declaraciones que pueda incriminarlos o perjudicar su caso.

2. El derecho de visitar al menor de edad. Cuando el joven ha sido confinado en el correccional de menores luego del arresto, los padres tienen el derecho de visitarlo. Sin embargo, debe tener en cuenta que las salas de visitas en el correccional poseen cámaras que pueden grabar las conversaciones, así que debe ser prudente con lo que dice, incluso si el policía que supervisa no se encuentra en la sala. Lo más conveniente es que su abogado defensor lo asesore antes de realizar su visita.

3. El derecho de conocer los derechos constitucionales del menor. Debido a que el menor de edad puede no estar consciente de los derechos que la ley y la constitución le garantiza, es importante que los padres conozcan cuáles son con el propósito de que puedan velar por los mismos durante todo el procedimiento judicial. A continuación, mencionaremos algunos de ellos.

• Para efectuar el arresto, la policía debe tener una orden judicial o una causa probable, es decir, un motivo razonable de que el menor incurrió en una actividad ilegal. Además, para realizar cualquier registro sobre un bien de su propiedad, deben tener una orden judicial que señale la propiedad e indique el área exacta en donde será efectuado.

• Cuando el menor ha sido confinado en el correccional de menores y no será liberado pronto, los funcionarios policiales deben permitirle hacer una llamada, ya que éste uno de sus derechos Miranda, y la violación de los mismos conduce a que las declaraciones que realice no sean admisibles si el fiscal las presenta como prueba en el juicio.

• El derecho a contar con la asistencia y representación de un abogado, por lo que es aconsejable que sus padres o tutor legal contraten a uno luego de su arresto si se presentarán cargos en su contra en el tribunal de menores.

• El derecho de presentar a sus propios testigos y contrainterrogar a los que presente el fiscal.

• El derecho a sólo ser declarado culpable si el fiscal demuestra la totalidad de los elementos del delito por encima de toda duda razonable.

• El derecho a ser informado sobre los delitos de los que se le acusa, apenas es arrestado.

4. El derecho de que las audiencias sean confidenciales. Debido a la vulnerabilidad de los menores de edad, la ley considera importante mantener en privado los asuntos que se discuten durante el procedimiento judicial, por lo que todas las audiencias y el expediente son confidenciales.

De esta forma se intenta proteger la reputación y el bienestar del menor de edad, ya que se vería afectada si cualquier persona puede conocer los detalles de los hechos por los cuales está siendo acusado con un juicio público. Además, el juicio de la sociedad puede perjudicar gravemente su autoestima y tener otras repercusiones que pueden mantenerse durante toda su vida.

También debemos tener en cuenta que el principal propósito del procedimiento judicial en el tribunal de menores es lograr la rehabilitación del joven, para que luego pueda ser un ciudadano productivo, por lo que sería contrario a este propósito someterlo a audiencias y una sentencia pública que pueden dificultarle obtener oportunidades de empleo en el futuro.

Por otro lado, en el juicio no solamente se discute información sobre su posible implicación en el delito, sino que también se revelan detalles sobre el ambiente que lo rodea, su hogar, y relaciones familiares. Es por esto que revelar esta información no sólo podría poner en riesgo al menor sino también a su familia.

5. El derecho de asistir a las audiencias. El tribunal debe emitir una notificación a los padres sobre la fecha y el lugar donde se realizarán las audiencias, respetando los plazos establecidos en la ley. Esto se debe a que los padres o el tutor tienen el derecho de estar presentes en todas las audiencias que forman parte del procedimiento judicial.

Debe tener en cuenta que la audiencia de detención es la primera audiencia a realizarse si el menor permaneció en el correccional de menores y el fiscal presentó la petición. En esta, se determinará si se permite su liberación, de manera que pueda ser supervisado por sus padres hasta que culmine el proceso judicial, o si debe mantenerse recluido hasta entonces.

La siguiente será la audiencia de jurisdicción, en la que el fiscal intentará probar la concurrencia de los elementos del delito más allá de toda duda razonable, presentando para ello las evidencias que considere pertinentes. Por su parte, el abogado defensor también tendrá la oportunidad de presentar argumentos y pruebas para convencer al juez de que el menor no cometió el delito. En todo esto se basará el juez para aceptar o rechazar la petición del fiscal.

Si el juez decide aprobar la petición o el menor no ejerció su defensa en esta audiencia, entonces, la siguiente será la audiencia de disposición, en la que el juez puede desestimar los cargos o dictar alguna de las opciones de medidas disciplinarias que contempla la ley. En este último caso, se celebrará una audiencia de revisión cada seis meses con el fin de evaluar los avances del menor y determinar si debe modificarse o culminar la medida impuesta.

6. El derecho de revisar el expediente judicial y los informes realizados por el oficial de libertad condicional. Al igual que las audiencias, el expediente judicial y los informes que presenta el oficial de libertad condicional cuando se ha dictado un régimen de este tipo, son privados. Únicamente ciertas personas u organismos relacionados con el procedimiento judicial, o encargados de la protección del menor pueden acceder a estos. Estos son, los padres o el tutor legal del menor, su abogado defensor, los funcionarios de su escuela, las instituciones públicas, los organismos de protección al menor de edad, y el fiscal municipal, estatal o federal.

7. El derecho de que se celebre una audiencia de detención. Cuando el menor es detenido y trasladado al correccional de menores, posteriormente se decide si permanecerá en este lugar. Si este es el caso, los padres tienen el derecho a que se celebre la audiencia de detención en donde se evalúa si el menor puede estar en su hogar bajo la supervisión de sus padres mientras transcurre el procedimiento judicial y se dicta un veredicto. En la audiencia, se podrá ejercer una defensa con el propósito de lograr que el juez le permita ser liberado del correccional, por lo que, de no celebrarse, se estaría violando su derecho a la defensa.

Los padres pueden sentir una gran angustia al pensar que su hijo deberá estar privado de su libertad hasta que culmine el proceso, y esta audiencia es la única oportunidad de que esto no ocurra, por lo cual es fundamental que cuente con la asesoría legal correcta durante la misma para que su hijo pueda regresar a casa. Cabe destacar que, si esto se logra, el menor debe cumplir con su comparecencia ante el tribunal en todas las fechas establecidas, ya que, de lo contrario, el juez impondrá el confinamiento nuevamente.

En la audiencia, el juez se basa en los siguientes factores para tomar una decisión.

• El menor violó una orden del tribunal. Es probable que el juez decida que el menor debe mantenerse confinado en el correccional si ha cometido otros delitos con anterioridad, o se le había impuesto un régimen de libertad condicional por una de las condenas anteriores, y violó alguna condición del mismo.

• El menor huyó del confinamiento. Si el menor había sido condenado previamente y se le impuso alguna medida fuera de su hogar, como el régimen de libertad condicional formal en un campamento, pero se escapó de este lugar, entonces el juez determinará que debe mantenerse en el correccional hasta el final del proceso, pudiendo salir únicamente cuando deba comparecer en el tribunal.

• Existe un riesgo de fuga. Si existen circunstancias que indican que el menor puede huir, o no presentarse en el tribunal en las fechas establecidas para la celebración de las audiencias, entonces el juez decidirá que debe mantenerse recluido para garantizar su enjuiciamiento y el cumplimiento de las medidas que se impongan.

• La necesidad de mantenerlo confinado para su protección. Aunque se trata de enjuiciar al menor y responsabilizarlo por sus acciones, también se tiene el interés de protegerlo. A veces su situación en el hogar es dañina tanto física como psicológicamente, ya que factores como la ausencia de productos o servicios básicos, una adicción al alcohol o las drogas de las personas con quien convive, o situaciones de violencia intrafamiliar, perjudican su desarrollo y pueden incluso hacerlo propenso a incurrir en nuevas conductas ilegales. Por esta razón, el juez puede estimar conveniente mantenerlo recluido para resguardarlo.

• La necesidad de mantenerlo confinado para la protección de alguien más. Es posible que se requiera mantener al menor en el correccional debido a que representa un riesgo para la supuesta víctima del delito o para terceros, lo cual suele suceder cuando se trata de un delito violento. De manera que el juez decide que no debe ser liberado para evitar que produzca un daño a estas personas.

¿Existen casos en que los padres no tienen derechos?

Tener la custodia legal del menor de edad lo hace titular de obligaciones relativas a la satisfacción de sus necesidades básicas y también le concede derechos desde su arresto y durante todo el procedimiento judicial. Sin embargo, existen ciertas circunstancias en que los padres no gozan de estos derechos y obligaciones, las cuales son las siguientes:

1. Se ha impuesto una tutela legal. Cuando el juez considera que el ambiente donde vivía el menor de edad era nocivo e influyó en que cometiera el delito, puede estimar conveniente dictar un régimen de tutela legal para evitar que cometa otros actos delictivos en el futuro. Esto implica que otra persona o institución será la responsable de tomar las decisiones relativas a su bienestar y proporcionarle alimentos, educación, vestimenta y atención médica. Además, se limitarán los derechos de los padres durante el proceso.

2. Se ha impuesto la colocación familiar. El juez puede dictar una colocación familiar cuando se determina que los padres fueron negligentes. En tal caso, se les privará de todos los derechos sobre el joven y el menor deberá vivir en un hogar de crianza.

¿Los padres tienen obligaciones en el proceso?

Una vez que conocemos todos los derechos que poseen los padres en el tribunal de menores, es importante tener en cuenta que estos también son titulares de obligaciones que deben cumplir en el proceso. Si el menor es condenado en este tribunal, es posible que se requiera que sus padres paguen una indemnización a la víctima, la cual cubre los daños que el menor le haya provocado en la comisión del delito, e incluye las lesiones físicas sufridas y los daños a su propiedad, de haberlos.

¿Cómo encontrar a un abogado cerca de mí?

El enjuiciamiento de un menor de edad no sólo puede preocuparle a él mismo sino también a sus padres, ya que el resultado del juicio puede afectar su futuro de forma drástica. No obstante, debe considerar que una defensa adecuada durante el procedimiento judicial es fundamental para obtener un resultado favorable. Por este motivo, debe contar con la asesoría de uno de nuestros abogados. Somos profesionales capacitados que contamos con una amplia experiencia en la práctica de estos casos, así que nos encargaremos de implementar una defensa adecuada para lograr que la petición sea rechazada o no se impongan medidas severas.

Llámenos al 619-880-5474 para obtener una consulta con un abogado de Delincuencia Juvenil de San Diego Criminal Attorney, y estaremos dispuestos a ayudarlo.